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viernes, 20 de enero de 2012

La Stop Online Piracy Act (Acta de cese a la piratería en línea) también conocida como Ley SOPA o Ley H.R. 3261; es un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 26 de octubre de 2011 por el representante Lamar S. Smith, y un grupo de copatrocinadores bipartidario formado inicialmente por 12 miembros. El proyecto de ley extiende las competencias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y amplía las capacidades de los propietarios de derechos intelectuales para combatir el tráfico online de contenidos y productos protegidos, ya sea por derechos de autor o de propiedad intelectual. Entre estos se pueden contar, por ejemplo, música o canciones, películas, libros, obras artísticas y productos copiados o falsificados que no tributan las correspondientes tasas a los propietarios de sus derechos de autoría o invención.1 Actualmente, y antes de ser presentada ante el Comité Judicial de la Cámara, presenta una estructura similar al Acta de protección de propiedad intelectual del año 2008, conocida por sus acrónimos en inglés PIPA y PROTECT IP, y su correspondiente proyecto de ley ante el Senado.2

El proyecto de ley originalmente propuesto permite que tanto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como los propietarios de derechos intelectuales, puedan obtener órdenes judiciales contra aquellos sitios de Internet que permitan o faciliten la violación de los derechos de autor. Dependiendo de quién sea el que solicite la orden judicial, las acciones previstas contra el sitio web podrían incluir:
Restricción al acceso a empresas que brindan un servicio de facilitación de pago tales como PayPal o que ofrecen dinero a cambio de colocar publicidad online.
Restricción en los buscadores que vinculan con tales sitios.
Requerimiento a los proveedores de internet, para que bloqueen el acceso a tales sitios.

El proyecto de ley convierte en un crimen al streaming no autorizado de contenidos protegidos por copyright (derecho de copia), y prevé una pena máxima de cinco años de prisión por cada diez piezas musicales o películas descargadas dentro de los seis meses desde su estreno. El proyecto además brinda inmunidad a todos aquellos proveedores de Internet que voluntariamente lleven a cabo acciones contra tales sitios haciendo además responsable al sitio web infractor de cualquier daño producido al titular de los derechos, incluso sin tener que demostrarlo.



Esta polémica ley, que tiene el apoyo de la industria del entretenimiento como televisoras y Hollywood, ha levantado las voces en contra de gigantes tecnológicos como Google y Facebook pues el proyecto de legislación le daría facultades al Departamento de Justicia para revisar, perseguir y desconectar a cualquier persona, física o moral, que sea sospechosa de subir material con derechos de autor. También se penalizaría a los anunciantes que aparezcan en algunos de estos sitios.

La ley responsabilizaría a los portales donde se cargue el contenido y a las empresas de servicios de internet para crear una “lista negra” que sería vigilada por el Gobierno, como se hace en China e Irán.

Según apuntó el Huffington Post, a través de la columnista Christina Gagnier, esta ley se presta a diversas interpretaciones que podrían tener consecuencias en sitios legítimos como Wikipedia o YouTube que soportan contenido hecho por los usuarios y que usa material de otros.

Facebook por ejemplo, se vería afectado por la cantidad de videos, fotos, videos de miles de fuentes diferentes que se comparten día a día. Google podría incluso ser multado o penalizado por cada link en una búsqueda que contenga derechos de autor, lo que podría llevarlo a la quiebra.

Firmas como Google, Yahoo!, Facebook, Youtube, Twitter, AOL, eBay, LinkedIn, Yahoo, Zynga y Mozilla escribieron una carta conjunta a Washington pidiendo una solución menos radical, ya que esto acabaría con millones de empleos y llevaría la industria tecnológica a emigrar a otros países.